El abogado Jorge Finny, defensor de oficio del gobernador suspendido Mario Cossío Cortez, informó que están a la espera de que sean remitidos los antecedentes al Juzgado de Villa Montes para que sea instalado y continuar con el juicio oral y público por el caso Imbolsur.
“Se han pronunciado con relación de la prescripción de la acción que ha dado con lugar a la prescripción que ha planteado uno de los coimputados, Alejandro Rodas y no así para el gobernador suspendido, Mario Cossío, en el entendido que ha sido interrumpido en este caso por la declaratoria de rebeldía, entendemos que cuando se ha presentado la excepción era el año 2012, han transcurrido hasta la fecha tres años”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que no existen plazos para poner una fecha de inicio de juicio, sin embargo, mencionó que se espera en la semana las notificaciones, porque ya han sido resultas las excepciones y de forma inmediata se tiene que remitir los antecedentes al asiento que conoce la causa.
“Hemos retrocedido bastante respecto a la instalación del juicio oral y público, se debe recordar que en aquel entonces ya se había remitido, incluso los jueces ciudadanos no se presentaron, se suspendió, pero ahora con los cambios que se ha dado en el Código de Procedimiento Penal, se tiene que la causa deben conocerla los tres jueces técnicos que son designados y están trabajando en Bermejo para que conozcan la causa y no sería necesario la presencia de jueces ciudadanos en esta causa”, manifestó.
El proceso contra Cossío surgió a raíz de una acusación del entonces diputado de Podemos, Fernando Barrientos, quien en 2008 denunció irregularidades en el proceso de contratación e incumplimiento de la empresa Imbolsur en la dotación de 2.990 toneladas de cemento asfáltico destinado a la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas, causando un presunto daño económico de 1,3 millones de bolivianos.
Cossío es acusado por incumplimiento de deberes y conducta económica, mientras que los coimputados Alejandro Rodas Rojas (ex director jurídico de la ex Prefectura) está acusado por incumplimiento de deberes, uso de influencias y conducta económica, y Félix Edgar Cardozo (representante legal de la empresa proveedora de asfalto Imbolsur) está sindicado por incumplimiento de contrato.
Actualmente Cossío se encuentra en Paraguay bajo la figura de refugio político luego de ser suspendido en su cargo en diciembre de 2010 y argumentar persecución política por parte del Gobierno. Pese a una sentencia del Tribunal Constitucional, no pudo retomar su cargo.
Fuente: El País
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